La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar las excepciones de Bertram S. A. y anuló el Acuerdo 32-2020, con el que la entonces fiscal general Consuelo Porras había declarado lesiva para el Estado la compra de un edificio. Según informaron fuentes judiciales el jueves 12 de noviembre, la resolución también declaró sin lugar la demanda del Ministerio Público (MP) contra la empresa vendedora. El inmueble es el Edificio Gerencial Asunción, ubicado en la diagonal 14, 21-32, colonia Arrivillaga, zona 5 capitalina, que fue adquirido en octubre de 2017 por Q35 millones 100 mil 29.23, según el avalúo oficial de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas.
Los magistrados determinaron que el MP no concedió audiencia a la empresa ni agotó la fase de conciliación prevista en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, consideraron que la fiscal general no tenía facultades para declarar por sí sola la lesividad, pues esa atribución corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros, conforme a la Ley de lo Contencioso Administrativo y a la Ley del Organismo Ejecutivo. Tampoco, según el fallo, las pruebas del MP demostraron un perjuicio económico o jurídico al Estado. Por ello, acogieron la reconvención de Bertram S. A., declararon la nulidad del acuerdo y rechazaron la pretensión de anular el contrato de compraventa.
El acuerdo fue emitido por Porras Argueta el 17 de septiembre de 2020 y publicado en el Diario Oficial el 25 del mismo mes. Se basó en una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que señaló posibles irregularidades en la compra, una supuesta sobrevaloración del inmueble y deficiencias para usarlo como sede del MP. Entre los cuestionamientos estaba una valoración privada de Q31 millones 500 mil 76.97, la falta de conexión al servicio municipal de agua potable, problemas de seguridad y una adjudicación en Guatecompras registrada 20 minutos después de la publicación del evento.
La Sala consideró que esos señalamientos no bastaban para demostrar un perjuicio al Estado. Indicó que la compra se hizo por un monto que no excedía el avalúo oficial, como exige el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado, y que la diferencia entre las valoraciones no demostraba por sí sola una sobrevaloración, ya que los avalúos pueden variar según los criterios técnicos de cada profesional.
Con información de Prensa Libre
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