Por Marwin De León
Guatemala atraviesa una crisis que ya no se mide solo en quetzales por galón. Se mide en horas perdidas en el tráfico, en mercancía que no llega, en pasajes que suben y en la fatiga de miles de familias que no tienen manera de esquivar ninguna de las dos cosas.
El detonante es conocido: los combustibles acumulan un alza superior al 50% en el último semestre, atribuida en buena parte a la volatilidad internacional derivada del conflicto en Oriente Medio. Es un origen externo, y conviene decirlo con claridad porque ayuda a dimensionar lo que sigue: ningún gobierno del tamaño del nuestro fija el precio del barril. Lo que sí está en manos nacionales es cómo se administran las consecuencias.
Lo que está pasando en las calles
Desde principios de mes, las protestas del transporte y de grupos organizados han cerrado carreteras en todo el país. La capital acumuló cinco días consecutivos de bloqueos, con puntos en el Periférico de Bethania y la ruta al Atlántico, y con rutas del transporte público suspendidas.
Las jornadas más duras dejaron enfrentamientos. En Palín y San Vicente Pacaya, Escuintla, los operativos de desalojo derivaron en bombas lacrimógenas, capturas y daños a viviendas y comercios. Se reportaron incidentes también en Cuyotenango, Río Hondo y Villa Nueva.
La factura es cuantificable. La Cámara de Industria advirtió que cada día de bloqueos compromete unos 1,134 millones de quetzales en importaciones y exportaciones que pasan por las aduanas. Eso no es una abstracción: es empleo, inventario y precio final para el consumidor.
Dos salidas, ningún consenso
El Congreso aprobó por trámite de urgencia nacional el Decreto 21-2026, que fija precios máximos de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, y 41 para la súper.
La medida no cerró el conflicto. Los transportistas sostienen que el tope no cubre sus costos de operación y que, al mismo tiempo, no se les permite ajustar fletes ni pasajes. Su demanda es distinta: eliminar impuestos a los combustibles.
Ahí está el nudo técnico, y vale la pena verlo sin apasionamiento. Un precio tope alivia al consumidor en la bomba, pero traslada la presión al eslabón siguiente. Eliminar impuestos aliviaría al transportista, pero abriría un hueco fiscal que alguien tendrá que cubrir. Ninguna de las dos salidas es gratuita.
Lo que falta no es voluntad de ninguno de los dos lados. Lo que falta son números públicos: cuánto cuesta cada opción, quién se beneficia, y qué pasa con las finanzas del Estado si se aplica. Ese cálculo no ha llegado al debate, y sin él la discusión se queda en posiciones.
Una acusación que debe probarse
El domingo 13 de septiembre, en cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que políticos locales se habrían asociado con el narcotráfico y otros grupos criminales para pagar a participantes en los bloqueos, y anunció denuncias ante el Ministerio Público.
Es un señalamiento serio y le corresponde al Ministerio Público establecer si hay caso. Conviene esperar a que el proceso avance antes de sacar conclusiones en cualquier dirección.
Lo que sí se puede decir desde ya es que la mayoría de quienes están en las calles no requiere explicación conspirativa: son personas a las que el alza les pega directamente en el ingreso. Distinguir entre esa mayoría y cualquier actor que quiera aprovecharla es tarea de la investigación, no del debate público.
El espejo de 2023
Es inevitable recordar octubre de 2023, cuando el país vivió semanas de bloqueos por otras razones. La comparación se ha usado estos días para reprochar incoherencias de un lado y del otro.
Quizá lo más útil no sea buscar quién es más incoherente, sino admitir algo que aplica a todos: en Guatemala la valoración del bloqueo como herramienta ha dependido demasiado de quién bloquea y contra quién. Eso vale para el Gobierno, para la oposición, para los gremios y para buena parte de la ciudadanía que hoy opina en redes.
Mientras esa evaluación siga siendo variable según la conveniencia, seguiremos sin una regla común sobre dónde termina el derecho a manifestarse y dónde empieza el daño a terceros.
La protesta es un derecho y no está en discusión. Pero un bloqueo prolongado clausura el derecho de otros a trabajar, a llegar a un hospital, a mover su producto. Y cuando aparecen vehículos incendiados y agresiones, la demanda —por legítima que sea— pierde precisamente a quienes necesitaba convencer.
Del otro lado, la interlocución también ha fallado. Cuando un dirigente en Palín dice que no quiere voceros sino conversar directamente, está señalando un problema de canales, no un capricho. Un Estado que solo se sienta a la mesa con quien cierra carreteras enseña, sin querer, cuál es el método que funciona.
Guatemala no necesita más comunicados. Necesita cifras públicas sobre el costo fiscal de cada opción, una mesa que no dependa de la presión en las rutas, y procesos judiciales que avancen por su propio peso.
El país ya sabe lo que cuesta paralizarse. Lo que aún no demuestra es que sepa cómo salir de ahí sin repetir el ciclo cada dos años.
