La asesora ad honorem de Casa Presidencial, Pilar Cisneros, evitó respaldar el alquiler de vehículos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), entre ellos un BMW X1 modelo 2026 asignado a la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán. Consultada por La Nación en Casa Presidencial, Cisneros rechazó pronunciarse sobre la decisión del partido y dijo que corresponde a Ortega responder por los cuestionamientos sobre el automóvil. La exdiputada afirmó que no pertenece a Pueblo Soberano ni mantiene relación con esa agrupación.
Cisneros dijo que, durante su periodo como diputada, nunca usó un carro de la Asamblea y que “no usé una gota de gasolina”. Al ser cuestionada sobre si consideraba apropiado el alquiler, insistió en que no le corresponde justificar las decisiones del partido y señaló que no milita en ninguna agrupación política.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación administrativa preliminar por los gastos del alquiler, que el partido pretende financiar con recursos de la contribución estatal. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos confirmó que recibió dos denuncias ciudadanas, tramitadas en el expediente DFPP-DEN-003-2026. Según La Nación, Pueblo Soberano presentó facturas mensuales por unos $2.645 desde marzo de 2026. El contrato se extiende por 48 meses, hasta marzo de 2030, y el costo total ascendería a $126.960 (unos ¢57,9 millones) si se mantiene esa mensualidad. Al terminar el plazo, el vehículo deberá devolverse a la empresa arrendadora y no pasará a formar parte de los activos del partido.
El 29 de octubre, el Frente Amplio presentó una denuncia ante el TSE para pedir una revisión del alquiler. La gestión fue hecha por Patricia Mora, presidenta del partido; Jonathan Acuña, secretario general, y Kattia González, tesorera. Los dirigentes solicitaron determinar si el vehículo se usa exclusivamente para actividades partidarias y revisar posibles irregularidades en otros automóviles alquilados por Pueblo Soberano.
Por su parte, Pueblo Soberano defendió la legalidad de los contratos. La agrupación aseguró que los vehículos responden a necesidades de transporte del partido y que los arrendamientos cumplen los requisitos de documentación establecidos por la normativa electoral. También indicó que negoció una mensualidad de $2.200, inferior a las tarifas corporativas que usó como referencia.
Con información de La Nación (Costa Rica)
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