La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, señaló la educación, la salud y la seguridad como prioridades de su administración durante una entrevista con el diario español ABC, en Madrid, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana. “En este momento, mi prioridad es la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo”, afirmó. Según la mandataria, la inversión en la infancia y la juventud busca evitar que estos grupos sean captados por el crimen organizado.
Las declaraciones contrastan con el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027. Según cifras del Ministerio de Hacienda, la asignación para el Ministerio de Educación Pública (MEP) sería de ¢2.752.287 millones, una disminución de ¢19.230 millones frente a 2026. Con base en una proyección del Banco Central de Costa Rica, la inversión en educación pasaría a representar aproximadamente 4,85% del producto interno bruto, el porcentaje más bajo de la última década y lejos del 8% que establece la Constitución Política.
En las universidades públicas, el Gobierno no logró un acuerdo sobre el aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027, por lo que el proyecto mantiene ¢593.484 millones, sin aumento respecto a 2026. Además, una moción de diputados del Partido Pueblo Soberano aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios rebaja ¢8.048 millones para estas casas de estudio.
En salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estimó necesidades por ¢1.578.886 millones para 2027, mientras que el Ministerio de Hacienda previó ¢1.164.769 millones, una diferencia aproximada de ¢414.117 millones.
En seguridad, la clasificación funcional del presupuesto muestra que los recursos para orden público y seguridad bajarían ¢205.416 millones, al pasar de ¢1.129.964 millones en 2026 a ¢924.548 millones en 2027. El Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Gobernación y Policía y el Poder Judicial también aparecen con reducciones.
Asimismo, el segundo presupuesto extraordinario de 2026, tramitado bajo el expediente 25.803, plantea rebajas a 23 instituciones, entre ellas el Poder Judicial, con ¢13.105,6 millones, el MEP, con ¢8.602 millones, y el Ministerio de Seguridad Pública, con ¢7.546 millones. Las propuestas se encuentran en trámite legislativo y sus montos podrían variar durante la discusión en la Asamblea Legislativa.
Con información de La Nación (Costa Rica)
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