La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Gabriela Chacón, afirmó este lunes 2 de noviembre que desconoce los detalles de la contratación de 40 ambulancias básicas, por unos $13,8 millones (casi ¢6.500 millones). Según la información, el contrato fue asignado a un consorcio brasileño que nunca antes había vendido este tipo de equipos a instituciones costarricenses. La declaración contrasta con lo que Chacón había anunciado el 7 de octubre, en una conferencia en Casa Presidencial, cuando dijo que la compra ya estaba adjudicada y que las unidades entrarían en servicio en febrero de 2027.
La compra responde a una instrucción de la presidenta de la República, Laura Fernández, para fortalecer la atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones del país. Bomberos utilizó un procedimiento especial de contratación que dejó fuera a empresas costarricenses con experiencia en el mercado de ambulancias, cuyas ofertas eran hasta $2,3 millones (¢1.058 millones) más baratas. La adjudicación se concretó el 28 de setiembre a un consorcio formado por Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y la empresa brasileña Bem Estar, según consta en el expediente 2026XE-000002-0012800001 del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En la conferencia del 7 de octubre, Chacón indicó que la compra ya estaba adjudicada y que Bomberos debe rendir cuentas al INS. Este 2 de noviembre, en cambio, explicó que la licitación se realizó bajo un decreto de emergencia y que su aprobación correspondió directamente al director de Bomberos, Héctor Chaves, o a la Administración. Indicó que conversaría más tarde con Chaves. Al ser cuestionada por la contradicción, dijo no recordar si para octubre la adjudicación ya se había concretado. Sobre el proceso afirmó: “No tengo detalles de la licitación”.
El expediente indica que Bomberos invitó únicamente al consorcio brasileño. Las empresas AutoStar y Cotisa S. A., que figuraban en un estudio de mercado y tenían experiencia en la venta de estos vehículos en Costa Rica, no recibieron invitación. La institución las descartó por ofrecer entregar las unidades en 240 días, plazo que calificó de “excesivo” frente a los 100 días propuestos por SGSV. Para agilizar el proceso se aplicó el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que permite contrataciones ante riesgos para el interés público, la salud o la seguridad, con un plazo máximo de un mes.
Según Sicop, Bem Estar aparece como proveedora de vehículos médicos, servicios de bomberos y administración de salud pública, pero no registra contratos públicos en Costa Rica para la venta de ambulancias. El pliego exigía demostrar la construcción de al menos 200 ambulancias similares para un mínimo de cinco clientes en los dos años anteriores. Sin embargo, según un incidente de nulidad presentado por AutoStar, la certificación de experiencia del consorcio adjudicatario solo menciona a dos clientes. Bomberos no dio trámite a ese incidente por considerarlo “extemporáneo”.
Igor Oliveira Roquim, representante legal de SGSV, también representó a un consorcio que reclamó al Ministerio de Justicia y Paz más de $1,3 millones adicionales durante la ejecución de un contrato para vender tobilleras electrónicas. Por su parte, SGSV tiene registrados 124 bienes y servicios en Sicop, principalmente de mantenimiento de software, y ninguno incluye la venta de vehículos de emergencia.
Con información de La Nación (Costa Rica)
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