La organización Defensores de Honduras se presentó ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional para someter a discusión un paquete de reformas que busca transparentar el escrutinio de votos y garantizar equidad entre los aspirantes políticos.
La comitiva fue recibida por Antonio Rivera Callejas, presidente de la comisión, quien destacó el papel de la sociedad civil organizada en la defensa institucional y el fortalecimiento de la democracia.
La primera propuesta crea una mesa ciudadana de fiscalización electoral que funcionaría de manera independiente durante las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Estaría integrada por ciudadanos sin afiliación partidaria, provenientes de iglesias o universidades y seleccionados por sorteo público. Su objetivo sería vigilar y dar fe del conteo de sufragios, especialmente en la elección de diputados, donde se han señalado inconsistencias en el cierre de mesas. Según la iniciativa, el fiscal ciudadano llevaría una hoja de incidencias que se adjuntaría al acta oficial de cierre. Rivera Callejas, diputado nacionalista, se refirió a esta reforma como una forma de que una persona sin afiliación partidaria fiscalice a los miembros de la junta receptora.
La segunda reforma exige que todo funcionario público que quiera postularse a un cargo de elección popular renuncie a su puesto un año antes de los comicios generales, es decir, antes de la convocatoria a elecciones primarias. La medida busca evitar el uso indebido de recursos estatales y dar condiciones de competencia a nuevos liderazgos y aspirantes jóvenes. Ruth Lafosse, vocera de la comitiva ciudadana, argumentó que la Constitución de la República obliga a los funcionarios a renunciar antes de la convocatoria a primarias.
Las autoridades de la comisión parlamentaria confirmaron que ambas propuestas serán analizadas e incorporadas a los debates de la agenda legislativa previos a los próximos procesos electorales en el país.
Con información de La Prensa (Honduras)
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