El regidor independiente de San Carlos, Juan Pablo Rodríguez Acuña, denunció en un comunicado la invasión de 36 fincas, que abarcan unas 2.820 hectáreas, en la zona norte de Costa Rica. Según su versión, una presunta organización criminal estaría detrás de las ocupaciones y tendría identificadas otras 150 propiedades para promover nuevos ingresos.
El regidor identificó como zonas afectadas Banderas de Pocosol, Moravia y Coopevega de Cutris, comunidades cercanas a la frontera con Nicaragua. Según su denuncia, el grupo promueve la ocupación de fincas supuestamente en condición de precario, principalmente por ciudadanos nicaragüenses, y cuenta con colaboradores locales que conocen los accesos y con profesionales en Derecho que realizan estudios registrales.
Rodríguez Acuña también relacionó las invasiones con la minería ilegal, al indicar que algunas propiedades permitirían acceder a sectores donde se extrae oro y a rutas próximas al río San Juan. Afirmó, además, que algunas personas que participan en las ocupaciones aseguran contar con respaldo político de alto nivel.
El funcionario pidió al Gobierno recursos de inteligencia e investigación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y de Casa Presidencial para identificar a los presuntos responsables. El comunicado no adjunta informes policiales ni resoluciones judiciales que permitan verificar de manera independiente la existencia de esa organización.
El 26 de octubre del 2026, Rodríguez Acuña y el regidor Esteban Rodríguez Murillo presentaron ante el Concejo Municipal de San Carlos una moción, contenida en el oficio N.° EP 001-10-2026, para solicitar la comparecencia de los ministros de Seguridad Pública y de Ambiente y Energía, y del director de la DIS. Los proponentes buscan un diagnóstico oficial sobre vigilancia fronteriza, ocupaciones de fincas y minería ilegal, así como las acciones previstas por las autoridades. También mencionaron reportes sobre posible presencia de personas armadas y presunto traslado de materiales extraídos ilegalmente hacia Nicaragua, y señalaron que corresponde a las autoridades competentes verificar esos señalamientos.
Con información de La Nación (Costa Rica)
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