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Costa Rica: Frente Amplio propone impuesto de 10% a Airbnb y Booking.com

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Wide view of an ornate legislative chamber with empty seats and chandeliers.
Foto: Laura Musikanski / Pexels / Imagen ilustrativa

Un plan de ley presentado por el diputado José María Villalta Flórez-Estrada y otros seis legisladores del Frente Amplio propone crear un impuesto especial de 10% sobre las comisiones, tarifas de servicio y otros ingresos de plataformas de alquiler de corta duración, como Airbnb, Booking.com y Vrbo. La iniciativa ingresó el jueves pasado con el expediente 25.910 y reforma integralmente la Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su Intermediación a través de Plataformas Digitales, que pasaría a llamarse Ley para la convivencia entre el hospedaje no tradicional y las comunidades residentes.

Según la exposición de motivos, los proponentes advierten que el alquiler turístico de corta duración ha tenido efectos estructurales sobre el mercado de vivienda, la composición social de los barrios y la sostenibilidad de los territorios. Como ejemplo citan un estudio de la Universitat de València sobre ciudades españolas como Valencia, Barcelona y Madrid, según el cual la expansión de estas plataformas ha tenido un efecto directo sobre la oferta de alquiler residencial. También mencionan el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025, que señala presiones del auge turístico sobre el acceso a la vivienda en zonas costeras.

El proyecto aclara que la ley “no busca restringir el turismo”. La base del impuesto sería el monto bruto que la plataforma cobre al operador, al huésped o a ambos, y se aplicaría sin importar el domicilio de la plataforma, el lugar de sus sistemas informáticos o el país desde el que se procese el pago. Las plataformas sin domicilio en el país deberían inscribirse ante la Administración Tributaria.

La recaudación se distribuiría de la siguiente manera: 50% para las municipalidades, según lo recaudado en cada cantón, para vivienda asequible, infraestructura comunitaria y atención de impactos territoriales; 30% para el Banco Hipotecario de la Vivienda, para programas de vivienda y alquiler asequible; y 20% para el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para financiar el registro, la fiscalización y la producción de información sobre impactos habitacionales.

Además, todo alojamiento que se promocione en estas plataformas tendría que inscribirse en un registro del ICT y mostrar un número único en cada anuncio. Las plataformas deberían verificar que la inscripción esté vigente antes de publicar y retener y pagar los impuestos, y serían solidariamente responsables si retienen y no pagan. El proyecto fija multas de 1 a 20 salarios base para los operadores y de 20 a 100 salarios base en infracciones graves para las plataformas, que suben a 50 a 200 en las muy graves. Las municipalidades podrían limitar la cantidad, densidad y modalidad de estos hospedajes por distrito, barrio o inmueble, con base en estudios técnicos y con participación ciudadana.

Con información de La Nación (Costa Rica)

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