Las sanciones de Estados Unidos contra Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza podrían extender las investigaciones hacia políticos, empresarios y otras personas que apoyen a estas estructuras del narcotráfico en Guatemala. La analista Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), considera que la designación de Los Lorenzana como organización terrorista extranjera es un cambio relevante, porque permite perseguir penalmente el apoyo material a esa estructura, más allá de las sanciones económicas.
De León Escribano indicó que las pesquisas podrían alcanzar a quienes faciliten recursos económicos, transporte, servicios logísticos o conexiones políticas, siempre que se acrediten conductas previstas en la legislación estadounidense. Según ella, las organizaciones del narcotráfico se apoyan en redes de colaboración territorial y en alianzas con actores locales, y los carteles mexicanos se relacionan con distintos grupos para mover drogas y recursos. También consideró que la designación podría impulsar investigaciones sobre el movimiento de dinero y la participación de empresas o personas que faciliten operaciones económicas a estas estructuras.
El Departamento de Estado designó a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. El Departamento del Tesoro sancionó a Los Huistas y Los Mendoza con la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado por brindar apoyo material a carteles mexicanos. Esta categoría permite bloquear bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y restringir determinadas operaciones financieras. En una publicación en redes sociales, @SecRubio afirmó que estos grupos guatemaltecos tienen profundos vínculos con cárteles mexicanos, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que la acción expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y organizaciones terroristas extranjeras mexicanas.
David Napoleón Barrientos, exministro de Gobernación, considera que la decisión podría responder a investigaciones desarrolladas durante un período prolongado por distintas agencias estadounidenses, que implicarían testigos, declaraciones, rastreo del dinero e investigación de la clase política relacionada. Barrientos expresó preocupación por la situación de seguridad y por la incertidumbre del nuevo proceso político en Guatemala, y dijo que “sí es una declaración fuerte”, porque puede abarcar el ámbito político y el financiero.
Las designaciones se producen en medio de una serie de ataques armados en Zacapa, departamento donde, según la información disponible, han operado históricamente estructuras relacionadas con el narcotráfico. De León Escribano advirtió que una mayor presión estadounidense podría traducirse en más recursos y cooperación, pero también en una concentración de esfuerzos que desplace otras prioridades de seguridad ciudadana.
Con información de Prensa Libre
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