El Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Honduras confirmó que avanza el proceso de selección, reentrenamiento y recertificación del personal que integrará la recién creada Fuerza Especial Penitenciaria, una unidad amparada en el artículo 21-A de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
Esta unidad asumirá el control operativo, la custodia de alta seguridad y el manejo de los privados de libertad catalogados como terroristas. El director del INP, Walter Amador Lacayo, explicó que se seleccionan oficiales y agentes penitenciarios con mejores calificaciones, con apoyo de las Fuerzas Armadas y bajo filtros de confianza coordinados con los órganos de inteligencia del Estado.
Amador Lacayo reveló que el director nacional de Inteligencia del Estado le indicó que estaría listo para enviar 150 agentes para su recertificación. Las autoridades señalaron que la normativa ya está vigente.
La legislación incluye además el artículo 21-B, que sanciona al personal penitenciario que facilite el ingreso de objetos prohibidos o colabore con reclusos vinculados a maras y pandillas. Según lo informado, los agentes que incumplan los protocolos serán remitidos al Ministerio Público para ser procesados bajo el artículo 588 del Código Penal, con penas de hasta cuatro décadas de reclusión. Amador Lacayo advirtió: “Funcionario que esté coludido, son de 30 a 40 años de prisión”.
El titular del INP envió un mensaje a la estructura administrativa y operativa de la institución, en el que reiteró que no se tolerarán conductas al margen de la ley que pongan en riesgo la seguridad nacional y el sistema carcelario.
Con información de La Prensa (Honduras)
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