La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, informó a la presidenta de la República, Laura Fernández, en el oficio DH-1318-2026, firmado el 12 de octubre, que realizaría una visita técnica de inspección al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco). Cruickshank declinó asistir a la inauguración de ese anexo del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, realizada el 14 de octubre, por compromisos previos con grupos comunitarios relacionados con el monitoreo y la protección de derechos humanos.
En la misma carta, la funcionaria pidió que la inspección se realizara “a la mayor brevedad posible”, con un equipo especializado. Según el documento, el objetivo era conocer y valorar las condiciones de infraestructura, seguridad, funcionamiento, gobernanza y garantía de derechos de las personas que eventualmente serían privadas de libertad allí. Además, solicitó a Fernández girar instrucciones de coordinación al Ministerio de Justicia y Paz, a la Dirección General de Adaptación Social y a las autoridades del centro.
Cruickshank justificó la solicitud en el mandato legal de la Defensoría de proteger los derechos e intereses de los habitantes y en la importancia del monitoreo independiente de los centros de privación de libertad. Indicó que la institución ya había dado seguimiento a las condiciones de reclusión y había trasladado al Ministerio de Justicia y Paz observaciones sobre los regímenes de alta contención. También señaló que, aunque el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria y el combate al crimen organizado son responsabilidades del Estado, deben respetar el ordenamiento jurídico y las obligaciones internacionales en derechos humanos. “La seguridad y el respeto de la dignidad humana no constituyen objetivos contrapuestos”, manifestó en la carta.
La visita se realizó el 13 de noviembre, con la participación del fiscal general de la República, Carlo Díaz, y funcionarios de la Defensoría de los Habitantes y de la Defensa Pública. La inspección generó reclamos del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien cuestionó que las autoridades del centro no hubieran sido informadas previamente.
El caso también llegó a la Asamblea Legislativa. La bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) impulsó y aprobó dos mociones para solicitar la renuncia o destitución de Díaz y de Cruickshank. Pese a esa exigencia, la defensora anunció el jueves que no renunciará a su cargo.
Con información de La Nación (Costa Rica)
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